El reciente descubrimiento de un recinto clandestino en La Pintana, dedicado a falsificar fechas de vencimiento de alimentos caducados, es mucho más que un hecho delictivo aislado. Representa una oportunidad crítica —y urgente— para analizar las fallas estructurales que Chile enfrenta en términos de inocuidad y autenticidad alimentaria.

Más allá de su impacto inmediato, este episodio expone brechas profundas en los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad, y pone de relieve la urgencia de consolidar el vínculo entre las instituciones generadoras de conocimiento y la toma de decisiones regulatorias por parte del Estado.

El fraude alimentario —entendido como toda acción deliberada llevada a cabo por empresas o individuos con el propósito de engañar a terceros respecto de la integridad de los alimentos para obtener un beneficio indebido— puede manifestarse mediante adulteración, sustitución, dilución, manipulación, simulación, falsificación, declaraciones falsas o etiquetado incorrecto.

Se trata de un problema complejo que trasciende el ámbito sanitario y cuyas implicancias alcanzan la salud pública, la economía del sector alimentario, el marco legal y el tejido social, afectando tanto la confianza del consumidor como la integridad de los mercados.

En contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, como el de ciertos territorios urbanos del país, estos riesgos se ven amplificados: la exposición a productos fraudulentos o de procedencia dudosa tiende a ser sistemáticamente mayor. Esta situación se agrava cuando, como ocurre actualmente, el valor de los alimentos ha experimentado un alza sostenida.

Desde una perspectiva técnica, uno de los principales desafíos radica en la detección oportuna del fraude, pues es precisamente ese el mecanismo que posibilita la generación de alertas tempranas para la población.

A diferencia de otros riesgos alimentarios, muchas formas de adulteración son imperceptibles para los sentidos, lo que exige el uso de metodologías analíticas avanzadas. Esto demanda tanto la actualización de las herramientas existentes como el desarrollo de nuevos enfoques de detección, ámbito en el que la colaboración entre las autoridades sanitarias y los centros de generación de conocimiento —universidades e institutos de investigación— resulta decisiva. En este plano, el compromiso social de la academia adquiere particular relevancia: su aporte a la transferencia tecnológica, la formación de capital humano avanzado y la producción de evidencia científica constituyen pilares indispensables para el diseño de políticas públicas sólidas.

Como integrante de una comunidad académica, subrayo el papel crítico que cumplen nuestras instituciones como contraparte técnica en los procesos de discusión normativa, con especial relevancia cuando dichas instituciones dependen del Estado.

La participación de especialistas resulta indispensable para garantizar que las decisiones públicas del país se fundamenten en evidencia robusta y actualizada, proveniente muchas veces de proyectos de investigación financiados con recursos estatales. En este sentido, destaco el rol de las universidades estatales como actores fundamentales en la generación de conocimiento: un aspecto que merece especial reconocimiento en un momento en que su contribución parece ser subestimada por algunas autoridades del país.

El caso de La Pintana interpela, además, la necesidad de incorporar una dimensión territorial en el diseño de políticas públicas. No todos los territorios presentan los mismos niveles de exposición a los riesgos ni las mismas capacidades de respuesta. Por ello, el desarrollo de estrategias diferenciadas, ancladas en datos locales y estudios específicos, resulta imprescindible. En este escenario, las universidades con presencia territorial y compromiso efectivo con su entorno adquieren un valor estratégico irremplazable.

El denominado “compromiso país” de estas instituciones no debe entenderse como una mera declaración de principios, sino como una práctica concreta que articula docencia, investigación y vinculación con el medio. En el ámbito del fraude alimentario, ello implica no solo producir conocimiento, sino también ponerlo al servicio de la sociedad: asesorando a instituciones públicas, participando en instancias de discusión legislativa y contribuyendo a la formación de profesionales preparados para enfrentar estos desafíos.

Cabe subrayar que el fraude alimentario no es un fenómeno exclusivo de Chile ni de territorios específicos: se trata de una problemática de alcance global, ampliamente documentada tanto en economías emergentes como en países desarrollados. Casos emblemáticos en Europa y otras regiones han demostrado que incluso sistemas regulatorios robustos pueden ser vulnerados por prácticas fraudulentas de creciente sofisticación.

En este contexto, lo ocurrido en La Pintana no debe leerse como una particularidad territorial, sino como la expresión local de un riesgo sistémico inherente a las cadenas alimentarias modernas. Situar el debate en esta perspectiva permite, por un lado, evitar la estigmatización de comunidades específicas y, por otro, abordarlo con la profundidad que merece: como un desafío estructural que requiere respuestas coordinadas, basadas en evidencia y articuladas entre múltiples actores, tanto a escala nacional como internacional.

Abordar el fraude alimentario exige reconocer, ante todo, su carácter sistémico. No estamos ante eventos aislados, sino ante manifestaciones de vulnerabilidades estructurales en la cadena alimentaria. Enfrentarlo con eficacia requiere una respuesta coordinada que integre regulación, fiscalización, innovación científica y la participación activa de los múltiples actores ya mencionados.

El caso de La Pintana debe entenderse, en definitiva, no solo como una señal de alerta, sino también como una oportunidad concreta para fortalecer la colaboración entre el Estado, la academia y la industria, en función de un objetivo común: construir confianza ciudadana y promover el bienestar colectivo.